El IBAVI abre la licitación de las obras de la nueva promoción de 12 viviendas públicas de alquiler en Artà. Las viviendas se destinarán preferentemente a jóvenes menores de 35 años con un mínimo de 15 años de residencia en el municipio.

El Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) ha publicado la licitación de las obras de una nueva promoción de 12 viviendas de protección pública en régimen de alquiler en Artà, que forma parte del plan de choque del Govern de les Illes Balears para facilitar vivienda asequible a ciudadanos residentes en las islas. Las viviendas se destinarán preferentemente a jóvenes menores de 35 años con un mínimo de 15 años de residencia en el municipio, de acuerdo con el convenio suscrito con el Ayuntamiento.

La licitación se publica después de que el Consell de Govern autorizase el inicio del expediente de gasto para ejecutar las obras, por un importe de 3,5 millones de euros, IVA incluido. La promoción cuenta con financiación de los fondos europeos FEDER 2021-2027 y se beneficia del procedimiento exprés de tramitación mediante la declaración como inversión de interés autonómico del Govern.

Esta actuación forma parte de las nuevas promociones del IBAVI con las que el Govern impulsa más de 1.800 viviendas públicas en las Illes Balears, como uno de los ejes del plan de choque en materia de vivienda. Será la segunda promoción de alquiler del IBAVI en el municipio y permitirá ampliar de 9 a 21 las viviendas que gestiona el instituto en Artà. El edificio se construirá en el carrer Ciutat, 67, en un solar cedido por el Ayuntamiento de Artà, en el marco del convenio firmado en noviembre de 2025.

El proyecto prevé cuatro viviendas de un dormitorio, seis de dos dormitorios y dos de tres dormitorios, una de ellas adaptada para personas con discapacidad, así como un aparcamiento cubierto de 12 plazas. El edificio se distribuirá en planta baja y dos plantas piso.

Esta es una de las promociones que se beneficia del procedimiento exprés impulsado por el Govern para agilizar su construcción mediante la declaración como inversión de interés autonómico. Esta figura permite reducir los plazos de tramitación de la vivienda pública, con un procedimiento abreviado como el que se aplica a otras infraestructuras, como los centros educativos y sanitarios.