La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha aplaudido este viernes los nuevos mecanismos que el Consejo de Ministros ha aprobado a través de un Real decreto ley para aportar ayudas a las empresas y autónomos más afectados por la crisis de la COVID-19. Se trata, en concreto, de un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros repartidos en tres fondos, de los cuales las Illes Balears recibirán cerca de 1.000 millones en ayudas directas.

Así lo ha explicado Armengol, acompañada de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la empresa, Ana de la Cueva, en rueda de prensa después de la reunión que ambas han mantenido con los agentes sociales y económicos de las Islas -CCOO, UGT, CAEB y PIMEB-, en el marco de la Mesa de Diálogo Social. También ha participado la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, así como por parte del Govern el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes; la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez; el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, y la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago.

“Se trata de una apuesta fundamental y una apuesta más dentro de las que ya ha hecho el Gobierno durante este año de enormes dificultades. Se trata de la aportación extraordinaria histórica más alta de recursos que se ha dado en esta Comunidad Autónoma”, ha asegurado Armengol. “No da el impulso muy potente para poder reactivar bien nuestra economía y hace justicia a la realidad que tienen las Illes Balears”, ha destacado.

El paquete de ayudas de 11.000 millones de euros se divide en tres fondos. En primer lugar, uno de 3.000 millones de euros para reestructuración de los créditos avalados por el ICO. Por otro lado, un fondo de recapitalizaciones de empresas medianas, a través de Cofides, con 1.000 millones de euros. Finalmente, la gran parte de estas ayudas provendrán de un fondo de 7.000 millones directos para PYMES y autónomos, que podrán gestionar directamente las autonomías.

De estos 7.000 millones en ayudas directas, 2.000 millones de euros irán destinados a las Illes Balears y a las Islas Canarias, a causa de su especial afectación ante la crisis que ha generado la pandemia y, sobre todo, en los sectores ligados a los servicios y a la movilidad, los más castigados en todo el mundo y que son los principales motores de la economía de las Illes Balears. De este modo, se destina casi un 30% de los fondos de ayudas directas a las Illes Balears, un apoyo sin precedentes que deja patente que “el Gobierno entiende mucho la singularidad que tienen las islas”.

En este sentido, ha subrayado también el trabajo que se ha hecho desde las Balears para trasladar al Gobierno central las necesidades del tejido económico de las islas, haciendo llegar todas las propuestas de protección y reactivación trabajadas en el marco de la Mesa de Diálogo social y con el resto de instituciones, así como a través del Pacto de Reactivación y Diversificación Económica y Social de las Illes Balears.

En la misma línea, la secretaría de Estado ha explicado que estas medidas dan salida al trabajo conjunto que se ha realizado durante toda la legislatura y que se ha intensificado los últimos meses con la pandemia y su crisis. “Ampliamos el conjunto de medidas que dan respuesta a la crisis de la COVID-19 y nos anticipamos a los problemas de solvencia que pueden poner en peligro a las empresas”. Además, de los fondos para la reestructuración de los créditos avalados por el ICO, se ha calculado que llegarán a las Illes Balears unos 162 millones de euros.

Acceso a las ayudas. El número de empresas de las Illes Balears que se podrán beneficiar de las ayudas directas del fondo de solvencia del Gobierno es de unas 40.160, de las cuales 38.200 son de menos de 10 trabajadores. Por islas, la distribución es de un 73,97% en Mallorca; de un 8,57% en Menorca; de un 16,08% en Ibiza, y de un 1,38% en Formentera. De hecho, los sectores afectados por las ayudas, como son el comercio, la restauración y la hostelería, la artesanía y la industria manufacturera, el alojamiento, el transporte y sus sectores auxiliares, así como actividades ligadas a la cultura y al deporte, entre otras, sostienen a 255.000 trabajadores y autónomos de las islas.

Los recursos se distribuirán a los autónomos y empresas que hayan sufrido una caída de ingresos mayor al 30% respecto a 2019, que se ha dado a la mayor parte de las empresas y sectores de las Illes Balears. Así, se evitarán daños estructurales irreversibles a la economía de la comunidad, protegiendo a las empresas y a la ocupación que generan. Las ayudas podrán llegar al 40% de la caída de los ingresos para micropymes y autónomos y al 20% para el resto de empresas, con una cantidad fija de 3.000 € para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva y entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de empresas.

El nuevo plan de ayudas anunciado por el Gobierno llega tarde y es insuficiente. Así lo afirma la Mesa del Turismo, que pese a aplaudir que “por fin se dé luz verde a ayudas directas”, recalca que éstas “son insignificantes para abordar con verdadera efectividad la dimensión de la crisis”.

“Cuando el presidente del Gobierno anunció hace tres semanas que, después de un año de pandemia, habría un plan de ayudas de 11.000 millones, y que parte de ellas serían directas, ya dijimos que eran muy escasas para salvar de la insolvencia a tantísimas empresas como ven comprometida en estos momentos su supervivencia y que, por tanto, su cuantía debía elevarse como mínimo hasta los 40.000 millones de euros”, subraya su presidente, Juan Molas (¿Qué hay de los 11.000 millones prometidos por Pedro Sánchez?).

El lobby turístico insiste en que el reto al que se enfrenta la actividad turística española en 2021 es la supervivencia, con lo que un plan de ayudas, “por más que 7.000 millones sean directas y fuera de justicia concederlas”, se queda “francamente corto en relación a las necesidades reales”.

Pone como ejemplo la situación de subsectores como el de agencias de viajes, donde 5.000 de las 9.500 oficinas que existen en España “siguen cerradas”, o de la hostelería, con bares y restaurantes que acumulan pérdidas superiores a los 67.000 millones de euros en relación a 2019.

“Hay que pararse a pensar, sin ir más lejos, que las ayudas directas aprobadas apenas representan el 10% de las pérdidas que tan sólo el subsector de la hostelería arrastra en el último año”, apostilla Molas. “Lo que necesita ahora el turismo es un plan a medio y largo plazo, bien consensuado con el sector, y no medidas cortoplacistas y anunciadas con gran aparato político, pero que acaban por ser una gota de agua en el océano de la crisis que estamos viviendo y de la que el sector tardará varios años en reponerse”, sentencia.